Con un promedio anual de 5,1%, la economía peruana exhibió uno de los crecimientos más altos en América Latina entre el 2002 y el 2019. Esto contribuyó decisivamente a que se lograran progresos significativos en disminución de la pobreza y en mejora de la calidad de vida de muchos peruanos. El éxito económico estuvo impulsado por una combinación de buenas políticas domésticas y un contexto externo propicio. También es cierto que la tasa de crecimiento se desaceleró fuertemente desde el 2014, sugiriendo que la estabilidad macroeconómica y la apertura externa no proveían suficiente estímulo para crecer a tasas altas ante la finalización del auge del precio de los minerales.

La baja efectividad del Estado y la informalidad habrían perjudicado el desempeño de la economía peruana. Por un lado, la provisión de servicios públicos, como agua, salud, educación, carreteras es bastante deficiente e irregular a lo largo del territorio. Por otro lado, una serie de ámbitos de la regulación empresarial puede resultar muy costosa, perjudicando el crecimiento y desempeño de las empresas en el Perú. Ejemplos de esto son las intrincadas regulaciones laborales y la desconexión entre los regímenes tributarios de las empresas pequeñas y las grandes. Todo esto hace poco atractiva la formalidad, empujando a más de tres cuartas partes de la fuerza laboral a la orilla opuesta, en un gran número de empresas diminutas o en emprendimientos unipersonales enfocados en sobrevivir. Atrapados en la informalidad y funcionando en los márgenes de la economía moderna, estos emprendimientos cuentan con escasas posibilidades de desarrollo y muestran un bajo nivel de productividad. A su vez, la baja productividad pone un límite al crecimiento empresarial y promueve la evasión tributaria, perjudicando los ingresos fiscales y retroalimentando con ello el insuficiente desempeño estatal. De esta manera, la informalidad restringe las mejoras en la cobertura y calidad de la salud, la educación, la protección social y otros servicios públicos imprescindibles para el bienestar social.

Además de ser una correa de fuerza, estas características estructurales de la sociedad peruana son un canal por el que eventos adversos, como los desastres naturales o la pandemia del COVID-19, afectan a los ciudadanos. La informalidad comercial, el hacinamiento de los hogares, la deficiente provisión de servicios de agua y saneamiento, y la precariedad de los servicios de salud explican, en gran medida, que el Perú se encuentre dentro los países con mayor número de muertes en proporción a su población en lo que va del desarrollo de la pandemia.

Estas deficiencias estructurales, a su vez, debilitan la relación entre el Estado y los ciudadanos. Es fácil constatar las fuertes disparidades geográficas y sociales de acceso a servicios. Cinco de cada diez peruanos carecen de un servicio de agua gestionada de manera segura. Un estudiante de 15 años del quintil más pobre de la población tiene una desventaja equivalente a cuatro años de escolaridad si se le compara con un estudiante del quintil más rico. Además, la informalidad y el exceso de regulaciones configuran un escenario propicio para la corrupción. En este contexto, no llama la atención que la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado se encuentre entre las más altas de América Latina.

En este orden de cosas, lo urgente pasa a ser lo mismo que lo importante. La construcción de un país con oportunidades para todos pasa por una reforma institucional que sitúe al ciudadano en el centro de las prioridades del Estado. Esta reforma debe enfocarse en el incremento de la productividad y la reducción de las desigualdades. La formalización promueve ambos objetivos, al estimular el aumento de la productividad de los trabajadores menos favorecidos. Sin embargo, para reducir la informalidad será necesario que el Estado impulse activamente el acceso a bienes públicos de calidad y la adopción de regulaciones simples y razonables. Para lograrlo, el Banco Mundial en el documento “Repensar el futuro del Perú” ofrece un conjunto de recomendaciones que apuntan a mejorar el funcionamiento del Estado. El recuadro adjunto muestra algunas medidas que constituyen un buen punto de partida para reparar esa relación resquebrajada entre el Estado peruano y los ciudadanos a los que está obligado a servir.

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