El incremento en la incidencia de la pobreza presentado ayer es brutal. El 2020 ha sido duro –pandemia, pérdida de empleos, descapitalización, etc.–, sobre todo en lo urbano y en particular en Lima (donde la pobreza pasó de 14% a 27,5%). La pobreza rural subió también y sigue siendo muy alta y mucho mayor que la pobreza urbana (46% vs. 26%).

En lo rural el incremento de pobreza fue menor que en lo urbano, porque su actividad central, el agro, se mantuvo activa. Esto tiene que ver con las dinámicas y estacionalidad propias del agro: cuando comenzó la pandemia, los campos estaban sembrados y la demanda por alimentos cayó solo moderadamente. El agro actuó como un colchón de protección. Sin embargo, por esta misma estacionalidad seguro veremos aún algunos impactos negativos en el 2021. Muchos agricultores no tuvieron recursos suficientes para sembrar y por ello no han podido mantener toda su tierra en producción; o pasaron a cultivos de menor inversión, pero también de menor rentabilidad.

El impacto en el ámbito rural fue menos duro, también, porque cuenta con una mejor red de protección social. No solo los programas sociales tienen mayor cobertura (y experiencia), sino que existen organizaciones sociales, locales y comunitarias que activamente lograron proteger a sus miembros en los momentos más difíciles.

En lo urbano las familias han tenido acceso a menos protección. Sea porque sus mecanismos de protección tradicionales no fueron relevantes para enfrentar a esta crisis (apoyo de familiares, trabajar más, entre otros) o porque la protección social urbana es largamente insuficiente (limitada cobertura de programas sociales, poca relevancia de la protección social asociada a los contratos laborales formales dado que los hogares más pobres trabajan informalmente, etc.). Además, las organizaciones sociales y comunitarias son débiles y se activaron tardíamente (salvo los comedores populares y ollas comunes).

Las ayudas del Estado fueron relevantes, pero insuficientes. No llegaron a todos y cuando llegaron no alcanzaron para mitigar la magnitud de la crisis. Llegaron mejor a lo rural, donde había más infraestructura de protección social y donde el monto transferido tuvo más impacto; y llegaron menos a lo urbano, donde el Estado tenía menos relación directa con los ciudadanos y no los tenía bien registrados ni caracterizados.

La recuperación económica ayudará a reducir estos niveles de pobreza, pero muchos peruanos, y en particular muchas peruanas, no podrán acceder a los beneficios de la recuperación. Es por ello que incluso con una recuperación económica vigorosa tendremos que hacer más para revertir estas cifras de pobreza: aún necesitamos programas de emergencia con atención focalizada para quienes la están pasando peor (para permitirles enfrentar la situación actual y para que puedan recuperar sus medios de vida cuanto antes); es imprescindible implementar estrategias diferenciadas para lo urbano y lo rural; y urge articular una red básica de protección social para todos los ciudadanos que impida efectos tan devastadores en una próxima crisis. Esto debería estar en el centro del debate electoral.

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