Contar con información oportuna y sistematizada es clave para tomar decisionesque afectan la vida de las personas, ya sea en el trabajo, la salud o la educación. Además, el uso de evidencia mejora la calidad de los servicios públicos y optimiza la capacidad del Estado para atender las demandas ciudadanas, garantizando el uso eficiente de los recursos para generar un impacto real (OCDE, 2020). De hecho, el uso de datos y tecnología digital reduce en un 15% el costo de servicios como electricidad, transporte y agua en América Latina y el Caribe (BID, 2020).

No obstante, persisten grandes desafíos para el uso efectivo de la información, como la falta de planes de gobierno digital que promuevan la digitalización de los servicios, faciliten la recolección de datos entre entidades gubernamentales y garanticen el acceso a información pública. En Perú, solo 1 de cada 5 municipalidades cuenta con un Plan de Gobierno Digital (Gob.pe, 2024). Esta situación agrava los ya existentes problemas de interoperabilidad entre los sistemas de información pública, obligando a solicitar repetidamente la misma información, en lugar de brindar una atención oportuna y eficiente a los ciudadanos.

Además, Perú invierte poco en investigación y desarrollo (I+D): solo 0.16% de su PBI, un porcentaje muy por debajo del promedio de América Latina (0.55%) y los países de la OCDE (2.95%) (UNESCO, 2024). ¡Esto posiciona al Perú como el tercer país que menos invierte en I+D en la región!

Frente a este desafío, se deben impulsar medidas orientadas a mejorar los sistemas de información pública, invertir en investigación y capacitar a los servidores públicos en el uso de datos para la toma de decisiones. Asimismo, es fundamental transformar la evidencia en información clara y accesible para todos.