“Lo prudente era realizar una reforma integral (del sistema pensionario), corrigiendo todos los problemas que existían. Pero lo hecho por el Congreso, sin ningún análisis, complica la situación fiscal en momentos difíciles por el COVID-19 y no arregló en nada el sistema de pensiones”, declaró el consultor César Peñaranda a Perú21.

En la carrera populista galopante nada detuvo a estos legisladores. Los regímenes laborales también fueron afectados. Así, el Legislativo eliminó los contratos tipo CAS y el marco normativo agroexportador sin reemplazarlo por otra ley. Ello, según explicó el abogado laboralista Jorge Toyama, ha generado inseguridad jurídica en los empresarios y en los propios trabajadores.

No considerar las opiniones de los expertos o de los representantes de los sectores involucrados ha llevado a que el Congreso apruebe normas a ojo cerrado. El Ejecutivo ha tenido que acudir al TC para anular dichas leyes.

A la fecha, ya van dos normas declaradas inconstitucionales y de forma unánime: la ley que suspendía el cobro de peajes en la red vía nacional y el ascenso automático a profesionales de salud. A ellas se suma otra demanda interpuesta contra la ley que devuelve fondos de la ONP que fue aprobada por insistencia por el Legislativo. “El Congreso ha elevado a la máxima expresión la inseguridad jurídica. No mide el efecto económico y emiten normas de este tipo pese a que no tienen iniciativa de gasto según la Constitución”, acotó Toyama.

Pocas veces el Legislativo ha dado marcha atrás sobre una norma que se sabe será nefasta. Solo ocurrió una vez: el proyecto que iba a reincorporar a más de 14 mil maestros que desaprobaron o no rindieron el examen de evaluación magisterial. Este fue descartado tras la reconsideración de la votación.

Paola del Carpio, coordinadora de investigación de Redes para el Desarrollo, sugirió la creación de una oficina de estudios económicos en el Congreso que permita contar con un equipo especializado para tener proyectos sólidos y técnicamente sustentables.

El director de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur, Óscar Súmar, sostuvo que más allá de que los congresistas cumplan con el análisis “costo beneficio” en sus proyectos, se requiere de una ciudadanía más responsable y capacitada para denunciar proyectos populistas y negativos.

La danza no termina ahí. En el Pleno del sábado se aprobó modificar la Constitución para elevar a 6% del PBI el presupuesto para el sector Educación. Reforma que, como otras tantas, caerá en saco roto pues el dinero público no se genera por arte de magia, aunque esté en la Carta Magna.

“La educación requiere el mayor presupuesto posible, pero otorgarle el 6% del PBI afectaría el financiamiento de otros sectores clave como Salud y programas sociales. Suena bien, pero no es realista y no tiene fundamento técnico ni constitucional”, anotó el congresista Gino Costa.

Este es, lamentablemente, el Parlamento que le dará la bienvenida al Bicentenario.

Ley 31083: Dispone entregar hasta S/4,300 a aportantes y exaportantes de la ONP

El 3 de diciembre, el Congreso aprobó por insistencia esta ley que ha sido criticada por no considerar que la ONP es un sistema de reparto, en que el mismo dinero entregado por los trabajadores afiliados se otorga a los jubilados. El economista César Peñaranda calculó que la ejecución de la norma podría causar un déficit del 10% del PBI y de 40% de deuda pública con visos de seguir creciendo. El 9 de diciembre, el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley ante el TC.

Ley 31068: Ordena devolver hasta 4 UIT (S/17,200) a quienes no hayan aportado por 12 meses a las AFP

El 18 de noviembre se publicó esta norma firmada por Manuel Merino en su cuestionado interinato. La economista Paola del Carpio advierte que esta ley perjudica a los aportantes en general del sistema privado de pensiones pero también a quienes retirarían el dinero. “Para que los aportes sean devueltos, primero las AFP tienen que vender sus bonos, realizar operaciones en el sistema financiero y reducir los valores ahí invertidos. Se generan pérdidas efectivas para todos”, aseveró la especialista.

Ley 31018 (*): Suspende el cobro de peajes en la red vía nacional, departamental y local concesionada

El 7 de mayo, con celebraciones frente a las cámaras, el Congreso aprobó por insistencia esta ley criticada por sus claros visos inconstitucionales, pues no respetaba el contrato vigente de concesión en la red vía nacional, departamental y local a empresas. “Una ley no puede alterar un contrato y ello puede generar un problema internacional ante tribunales arbitrales, era una norma populista que no tenía razón”, indicó el abogado Óscar Súmar. (*) El 25 de agosto, el TC declaró inconstitucional esta ley.

Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional dos leyes aprobadas por insistencia por el congreso (GEC).

Ley 31087: Norma que elimina la ley de promoción agraria

En medio de violentos paros agrarios en el sur y norte del país, el Congreso derogó la ley de promoción agraria el 4 de diciembre. La norma eliminó de un plumazo el régimen laboral agrario que había sido la palanca para el crecimiento del sector en los últimos años. “Eliminaron la norma pero no se precisó qué régimen está vigente. Los trabajadores pasaron de estar bajo un régimen especial que les retribuía S/39 el jornal diario a otro general que les daba S/31. Se creó inseguridad jurídica”, dijo el abogado Jorge Toyama.

Ley 31040: Sanciona el acaparamiento, especulación y la adulteración en estado de emergencia

El 21 de agosto, el Legislativo aprobó por insistencia esta norma que sanciona penalmente a los empresarios que incurran en actos de acaparamiento, especulación y adulteración. Óscar Súmar precisa que desde que la ley rige, no ha tenido aplicación. “Es para la tribuna porque busca sancionar a las personas que cobren precios abusivos, ¿pero cómo determina eso un fiscal? ¿Maneja una lista oficial para saber qué es un precio abusivo? Es una norma de difícil aplicación y que en la práctica cae en saco roto”, precisó el jurista.

Proyecto de ley 1744 y otros: Autógrafa de ley que elimina el régimen CAS

El 11 de diciembre, el Congreso aprobó la ley que incorporará a los trabajadores CAS a los regímenes 728 y 276. Paola del Carpio advirtió que la norma no considera los presupuestos de cada institución y los gastos en que incurrirían para la contratación de personal bajo estos regímenes. Por ello, podría ser declarada inconstitucional por el TC dado que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Además, dijo que la ley no beneficia a las más de 150 mil personas que trabajan para el Estado como locadores de servicios que no cuentan con ningún tipo de beneficio laboral.

Ley 31039 (*) Ordena el ascenso automático y contrato a plazo indeterminado a profesionales de la salud

El 24 de agosto, el Congreso aprobó por insistencia esta norma que, según la titular de Essalud, Fiorella Molinelli, podría costar al Estado alrededor de S/1,100 millones cada año. “Para que haya un ascenso se requiere vacante, presupuesto y que cumpla con los méritos para ascender. En el Estado y la empresa, los puestos se cubren en función a la disponibilidad presupuestal, el rendimiento, entre otros valores”, precisó Toyama.

(*) El 17 de diciembre último, el TC declaró inconstitucional por unanimidad esta norma.

Proyectos 5960-2020: Proyecto de ley que busca poner topes a las tasas de interés de las entidades financieras

La ley promovida por Podemos busca eliminar “la usura bancaria”. César Peñaranda explica que si es aprobada sería perjudicial para las empresas y personas porque haría más costoso el crédito. “Si se fijan los costos al banco, como tasas de interés, la entidad financiera no va a tener otra opción que prestar dinero solo a quienes pueden pagarlo y a los que tienen buen historial crediticio. Este proyecto es tan malo o peor que la ley sobre la ONP”, precisó. La norma, también con tufo populista, ya ha sido aprobada en la Comisión de Economía.